Los agricultores del municipio paceño, indicaron que se necesita plantar entre 11.000 y 14.000 hectáreas. La falta de recursos limita la expansión del cultivo. Un estudio cuestiona la factibilidad de Easba
Hace nueve años Hipólito Vidaurre y su familia, se convirtieron en los ‘nuevos pioneros’ en llegar a San Buenaventura. Detrás de él, otro grupo de 50 familias con legado cañero y agrícola, de diferentes puntos del país, migraron a ese municipio enclavado en las puertas del parque nacional Madidi, en el norte de La Paz. A todos los sedujo la construcción del ingenio azucarero, que lleva el mismo nombre de esta pequeña ciudad.
En el caso de Vidaurre, proviene de una casta de cañeros de Bermejo (Tarija). “Allá un pequeño productor no puede aspirar a crecer”, cuenta. Dejando su pueblo, atravesó el país en busca de una mejor vida. Pero lo que comenzó como un sueño, terminó en desilusión. La producción de gramínea en la zona es incipiente, para abastecer la factoría diseñada para ‘devorar’ 7.000 toneladas de caña por día. A la fecha, en la comuna hay 3.500 hectáreas sembradas, cuando lo requerido, según la Federación de Cañeros de San Buenaventura, está entre las 11.000 y 14.000 hectáreas.
A la poca materia prima, otra variable negativa que suma el proyecto son las pérdidas registradas por la Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba).
Según el estudio realizado por el economista Julio Linares con base en información oficial, entre 2010 y 2018, la compañía recibió Bs 1.832 millones ($us 263 millones) como créditos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Datos fríos
Amparado en cifras del Ministerio de Economía, el documento sostiene que, en nueve años, los ingresos de Easba fueron Bs 80 millones, por debajo de los gastos de operación que suman Bs 311 millones. Esto significa, según este estudio, que existe un déficit operacional de casi Bs 211 millones.
“El ingreso por productos vendidos, cubrió la cuarta parte de lo que se gastó para el funcionamiento de la empresa (salarios, compra de suministros, alquileres, otros)”, infiere el documento.
Por otro lado, el análisis del boletín, afirma que los ingresos de operación llegan a un 4,1% de los recursos, que tienen como origen el préstamo del BCB, “lo cual se traduce en que se usó recursos de inversión para gasto corriente (sueldos, servicios y suministros)”.
Lo preocupante, detalla el estudio, es que desde 2011, la estatal acumula números rojos. En 2018, perdió Bs 63,9 millones, totalizando Bs 243,5 millones (alrededor de $us 35 millones) en pérdidas.
A esto se suma, según el escrito, que solo amortizó Bs 25,8 millones de la deuda adquirida.
“La empresa arrastra una deuda que, en estas condiciones de operación, será impagable a mediano plazo”, sentencia el documento.
A esto, la investigación, señala que desde 2012, los estados financieros de la firma muestran un patrimonio neto negativo.
Esto implica que la empresa está en quiebra técnica (las deudas son mayores a todos los bienes (efectivo y propiedades).
“En 2018, el balance general arrojó un patrimonio negativo de más de Bs 275 millones, que se traduce en la pérdida que causó hasta el día de hoy Easba, a las finanzas estatales”, dice el documento de Linares, economista e investigador del Cedla.
Se envió un cuestionario a Easaba, para que pueda aclarar estas cifras, pero hasta el cierre de edición la empresa no contestó. También se consultó, al Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en esa cartera indicaron que el responsable de gestionar información con los medios se encontraba de viaje. En abril, en su rendición de cuentas, Easba admitía que el mercado de azúcar en el país está saturado y los precios son bajos, aunque solicitaba Bs 35 millones al Estado para invertir en una planta de deshidratación de alcohol.
El economista, Julio Alvarado, cuestionó el proyecto al que califico de improvisado. “No pensaron en la materia prima, recién están sembrando caña”, dijo.
Cabe recordar, que el exgobernador de La Paz, y actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó que al Gobierno no le interesó si había materia prima para implementar este proyecto, que surgió solo para responder a una “aspiración de La Paz”.
Desilusión y poca caña
Francisco Javier Delgado, es alcalde de San Buenaventura desde 2015. Cuenta que cuando el proyecto se anunció en 2009, se generó mucho entusiasmo en el municipio que está a 481 km de la ciudad de La Paz. Sin embargo, la algarabía se convirtió en decepción, admite Delgado.
La autoridad, precisó que no existe una idea clara de ¿cómo incursionarán los campesinos y agricultores locales, en la producción de caña? A esto se suma que producir una hectárea del cultivo en ese municipio requiere una inversión de $us 4.000.
“Ahí está el cuello de botella, la inversión inicial en la habilitación de la tierra y hacer la siembra”, dijo.
Confirmó que, sumando la producción de las comunidades y el ingenio, la extensión de suelo con gramínea llega a 3.500 hectáreas.
Si bien la cantidad está por debajo de lo requerido por la industria, Delgado sostuvo que el rendimiento llegó a 100 toneladas por hectárea. “Debería generarse una política cañera en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y trabajar con el BDP, ahí hay créditos para todos los productores, pero menos para los cañeros”, sostuvo.
Contexto actual
Lo preocupante, según Delgado, es que con los actuales sembradíos es imposible pensar en una zafra prolongada que genere un efecto multiplicador, como en Santa Cruz, corazón de la actividad cañera del país, y cuyos ingenios molerán 8,6 millones de toneladas cañas, extraídas de 150.000 hectáreas, con las que se producirán 11 millones de quintales de azúcar, y 150 millones de litros de alcohol.
En este contexto, Delgado reveló que el año pasado la molienda de la materia prima duró 17 días. Según datos, que divulgó Easba, en 2018 se produjeron 220.000 quintales de azúcar y 1,6 millones de litros de alcohol. “En un año, trabajar ese tiempo, es antieconómico y poco rentable”, precisó la autoridad municipal. Para el 2019, los cañeros y la Alcaldía estiman que la zafra se extienda a 30 días.
Un experto del área agroindustrial, que pidió no ser citado, dijo que el mayor problema del proyecto fue el manejo político.
Explicó que bien la región es un área con poca tradición cañera, el cultivo puede ‘florecer’ si se hace un buen trabajo en los suelos. Sobre el suministro de caña, sostuvo que se aliviará con la construcción del puente sobre el río Beni, que abre paso para el ingreso de la producción de Rurrenabaque, municipio de Beni, en donde se están habilitando cerca de 1.000 hectáreas del cultivo dulce.
El especialista dijo que un ingenio como San Buenaventura necesita tener a disposición entre 5.000 y 7.000 hectáreas de caña para tener una zafra de entre 150 y 180 días.
Yimmy Aguirre, presidente de la Federación de Cañeros de San Buenaventura, señaló que presentarán un proyecto para tener financiamiento y producir 1.700 hectáreas en la zona. Sin embargo, dijo que otro de los mayores problemas es la falta de maquinaria para realizar el desmonte y la habilitación de más predios cañeros.
EN NÚMEROS
Impacto ambiental y factibilidad del suelo
Tierra necesita trabajo. Según el plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de San Buenaventura, la caña de azúcar tiene como limitaciones para su desarrollo los bajos niveles de nutrientes y falta de disponibilidad de materia orgánica. El documento señala que la zona es moderadamente apta para la producción de la gramínea, lo que implica que para su cultivo se requiere la utilización de insumos.
Colindante con el parque Madidi. José Luis Howard, guardaparque del parque Madidi, informó que la industria colinda con esta zona protegida, y que por el momento no se registraron daños ambientales. Eso sí, el ingenio se encuentra en el territorio de los tacanas.
PUNTO DE VISTA
Julio Linares, economista: “Es tarde para que el proyecto sea factible”
El proyecto de la empresa azucarera San Buenaventura, no es más que un intento fallido de emprendimiento empresarial del Gobierno del presidente, Evo Morales, porque se apostó a decisiones políticas enfrentando estudios que ya existían desde el pasado, que decían que el proyecto era inviable, porque la tierra no era apta para el cultivo de caña. Además, la zona está lejos de los mercados. Se forzó, e instruyó al Banco Central que se haga un préstamo millonario. Es un daño a las finanzas estatales, porque se han perdido casi Bs 250 millones.
Además, el balance de 2018 nos dice que está en quiebra técnica, y con el nivel de venta que tiene; la deuda se va a pagar en 100 años. Incluso, parte de ese préstamo se erogó para gastos corrientes.
Esto es terrible, porque nos estamos gastando las reservas internacionales en algo que nunca se podrá recuperar. Nos estamos jugando las reservas que tiene el país, por decisiones políticas que trascienden los estudios técnicos. Están avalados solo por algunos pedidos corporativos, a través de autoridades. Por ejemplo, el ministro Cocarico, dijo que la medida fue política y el propio presidente Evo Morales, reconoció que esa zona no era apta para sembrar caña de azúcar.
El gerente, hace unas semanas, pedía $us 70 millones más para que pueda instalarse una planta deshidratadora para producir alcohol anhidro y que se venda al mercado, pese a los problemas que hay en el mercado de azúcar, que está saturado y el precio es muy bajo, y por eso, la empresa no marcha.
Es tarde para que el proyecto sea factible, ellos piensan que la viabilidad del proyecto está en prestarse dinero para seguir derrochando.
Se debe ejecutar una reingeniería, y ver al final, ¿quién debe asumir los costos que se generaron por estas malas decisiones? y tratar de salvar la empresa, llevándola a otro lado, pasarla a los privados o remontándola, para recuperar algo de dinero. Pero se debe procesar a las personas responsable de este fracaso empresarial.
Porque al día de hoy, la triste realidad indica lo desacertada que fue la inversión de $us 265 millones en el proyecto, lo cual preocupa más cuando se sabe que además afectará a las Reservas Internacionales en el mediano plazo.
